3.2. Modelo económico mixto pobre en
resultados
Al mismo tiempo, el ANC encontró compatible su definición socialista con la preservación del sistema capitalista y la economía de libre mercado, hasta el punto de inaugurar una nada acomplejada campaña de privatizaciones y liquidación de monopolios del Estado.
Gracias a las privatizaciones, numerosos dirigentes y activistas del partido, empezando por Ramaphosa (que empezó a ser denostado por sus antiguos camaradas del COSATU y a recibir acusaciones de "traición" a causa de ello), descubrieron su faceta de avezados hombres de negocios dados a ostentar. Todos ellos se lucraron en el proceso, con las insuperables ventajas que ofrecía ser primero los diseñadores de las reglas del juego y a continuación los adjudicatarios preferentes en los repartos del pastel del Estado.
La Estrategia Macroeconómica de Crecimiento, Empleo y Redistribución, más conocida como el programa GEAR, publicada en junio de 1996, recogía un conjunto de actuaciones ortodoxas (política monetaria antiinflacionista, disciplina fiscal, presupuestos prudentes) que apuntaban a un ajuste estructural de la economía sudafricana.
En cuanto a una reforma agraria de resabio socialista que repartiera tierras productivas a los campesinos a gran escala y acabara con el monopolio blanco a corto o medio plazo, ni siquiera fue contemplada. En los medios izquierdistas no tardaron en escucharse expresiones de decepción y de enfado por el abandono de las metas más ambiciosas de justicia social, y por la emergencia de una nueva élite de privilegiados negros indiferentes a las penurias de sus hermanos de raza.
El oficialismo congresista, sólidamente instalado en el Gobierno y el NEC, a la vez que preservaba y potenciaba el sector privado, apostó por unas políticas públicas vigorosas que hicieran posible la distribución de la renta nacional, la corrección de las abismales diferencias sociales y económicas en función de la raza y, sin proclamarlo abiertamente, para no dar pábulo a acusaciones de elitismo, la creación de una burguesía y una clase media negras liberadas de mentalidad asistencial y dispuestas a luchar por una parcela de riqueza en un contexto competitivo.
El partido reconoció que, si bien la mayoría negra había conquistado el poder político, la sudafricana continuaba siendo una sociedad racialmente dividida, con la función pública, la Policía, las Fuerzas Armadas y la judicatura aún copadas por los blancos. En octubre de 1998 la Asamblea aprobó la Ley de Equidad en los Empleos, que se fundaba en el principio de la affirmative action, o discriminación positiva, en favor de los no blancos, aunque al finalizar la legislatura sus disposiciones seguían sin entrar en vigor.
En conjunto, el ANC impartió unas directrices que tanto podían ser calificadas de socialdemócratas, por el papel central reservado al Estado en la mejora de los estándares de vida de las extensísimas capas de población pobre que nutrían su electorado, como de social-liberales o directamente liberales, al conceder grandes facilidades al capital corporativo e introducir desregulaciones, inclusive en el mercado laboral. En este sentido, Mandela, al igual que Mbeki, se mostró más –por no decir, únicamente- reformista que revolucionario, y más gradualista que expeditivo.
Comparadas con las elevadas expectativas sociales alumbradas en 1994, las actuaciones del Gobierno en este terreno dejaron al final del quinquenio un panorama de claroscuros, predominando seguramente la segunda tonalidad.
Llegada la hora de la partida de Mandela, se trazó un balance agridulce del compromiso con la emancipación socioeconómica de la mayoría negra, pues si bien esta había mejorado un tanto su situación con la extensión de los servicios sociales en los populosos barrios marginales y el surgimiento de una incipiente clase media, los blancos, que constituían menos del 14% de la población, seguían regentando la práctica totalidad del sistema financiero y el mundo de los negocios. En este sentido, las políticas de equidad y redistributivas, cuyo verdadero desarrollo iba a competir a futuras administraciones, apenas hicieron notar sus efectos positivos.
Además, en los dos últimos años de la presidencia de Mandela, la producción económica creció por debajo del ritmo demográfico. La acusada flojera del PIB sudafricano, explicada por la caída del precio del oro y la falta de inversiones foráneas, y que no dejó de ser paradójica, luego de ser levantados todos los embargos y boicots internacionales que pesaban sobre Sudáfrica, unida a las reconversiones y las privatizaciones industriales, agravó el paro, que alcanzó niveles exorbitantes. En 1999, no menos de 35% de la población activa estaba desocupada; la tasa no iba sino a aumentar en los años siguientes.
A mayor abundamiento en este repertorio de asignaturas pendientes, el Gobierno de Mandela fue incapaz de contener la explosión de una violencia paulatinamente despolitizada y relacionada con la delincuencia común, fenómeno que suele azotar a todas las sociedades recién salidas de una confrontación civil y que en el caso de Sudáfrica se entremezcló con nuevas e inquietantes formas de extremismo. La ola de criminalidad producía, en números redondos, 25.000 asesinatos y 50.000 violaciones al año, en un país de 39 millones de habitantes.
Otro de los grandes débitos achacados al Gobierno de Mandela afectó a la lucha contra el sida, pandemia que en Sudáfrica registraba unas cifras escalofriantes. Pese a activarse un Plan Nacional, un Comité Inter-Departamental (IDC), un Comité Inter-Ministerial (IMC) y un Partenariado sobre el sida y el virus HIV, las políticas públicas para combatir la enfermedad estuvieron muy a la zaga de los avances médicos. La estrategia nacional contra el sida fue ampliamente tachada de incoherente e inefectiva por los trabajadores sanitarios y las ONG. 3.2. Modelo económico mixto pobre en resultados
Al mismo tiempo, el ANC encontró compatible su definición socialista con la preservación del sistema capitalista y la economía de libre mercado, hasta el punto de inaugurar una nada acomplejada campaña de privatizaciones y liquidación de monopolios del Estado.
Gracias a las privatizaciones, numerosos dirigentes y activistas del partido, empezando por Ramaphosa (que empezó a ser denostado por sus antiguos camaradas del COSATU y a recibir acusaciones de "traición" a causa de ello), descubrieron su faceta de avezados hombres de negocios dados a ostentar. Todos ellos se lucraron en el proceso, con las insuperables ventajas que ofrecía ser primero los diseñadores de las reglas del juego y a continuación los adjudicatarios preferentes en los repartos del pastel del Estado.
La Estrategia Macroeconómica de Crecimiento, Empleo y Redistribución, más conocida como el programa GEAR, publicada en junio de 1996, recogía un conjunto de actuaciones ortodoxas (política monetaria antiinflacionista, disciplina fiscal, presupuestos prudentes) que apuntaban a un ajuste estructural de la economía sudafricana.
En cuanto a una reforma agraria de resabio socialista que repartiera tierras productivas a los campesinos a gran escala y acabara con el monopolio blanco a corto o medio plazo, ni siquiera fue contemplada. En los medios izquierdistas no tardaron en escucharse expresiones de decepción y de enfado por el abandono de las metas más ambiciosas de justicia social, y por la emergencia de una nueva élite de privilegiados negros indiferentes a las penurias de sus hermanos de raza.
El oficialismo congresista, sólidamente instalado en el Gobierno y el NEC, a la vez que preservaba y potenciaba el sector privado, apostó por unas políticas públicas vigorosas que hicieran posible la distribución de la renta nacional, la corrección de las abismales diferencias sociales y económicas en función de la raza y, sin proclamarlo abiertamente, para no dar pábulo a acusaciones de elitismo, la creación de una burguesía y una clase media negras liberadas de mentalidad asistencial y dispuestas a luchar por una parcela de riqueza en un contexto competitivo.
El partido reconoció que, si bien la mayoría negra había conquistado el poder político, la sudafricana continuaba siendo una sociedad racialmente dividida, con la función pública, la Policía, las Fuerzas Armadas y la judicatura aún copadas por los blancos. En octubre de 1998 la Asamblea aprobó la Ley de Equidad en los Empleos, que se fundaba en el principio de la affirmative action, o discriminación positiva, en favor de los no blancos, aunque al finalizar la legislatura sus disposiciones seguían sin entrar en vigor.
En conjunto, el ANC impartió unas directrices que tanto podían ser calificadas de socialdemócratas, por el papel central reservado al Estado en la mejora de los estándares de vida de las extensísimas capas de población pobre que nutrían su electorado, como de social-liberales o directamente liberales, al conceder grandes facilidades al capital corporativo e introducir desregulaciones, inclusive en el mercado laboral. En este sentido, Mandela, al igual que Mbeki, se mostró más –por no decir, únicamente- reformista que revolucionario, y más gradualista que expeditivo.
Comparadas con las elevadas expectativas sociales alumbradas en 1994, las actuaciones del Gobierno en este terreno dejaron al final del quinquenio un panorama de claroscuros, predominando seguramente la segunda tonalidad.
Llegada la hora de la partida de Mandela, se trazó un balance agridulce del compromiso con la emancipación socioeconómica de la mayoría negra, pues si bien esta había mejorado un tanto su situación con la extensión de los servicios sociales en los populosos barrios marginales y el surgimiento de una incipiente clase media, los blancos, que constituían menos del 14% de la población, seguían regentando la práctica totalidad del sistema financiero y el mundo de los negocios. En este sentido, las políticas de equidad y redistributivas, cuyo verdadero desarrollo iba a competir a futuras administraciones, apenas hicieron notar sus efectos positivos.
Además, en los dos últimos años de la presidencia de Mandela, la producción económica creció por debajo del ritmo demográfico. La acusada flojera del PIB sudafricano, explicada por la caída del precio del oro y la falta de inversiones foráneas, y que no dejó de ser paradójica, luego de ser levantados todos los embargos y boicots internacionales que pesaban sobre Sudáfrica, unida a las reconversiones y las privatizaciones industriales, agravó el paro, que alcanzó niveles exorbitantes. En 1999, no menos de 35% de la población activa estaba desocupada; la tasa no iba sino a aumentar en los años siguientes.
A mayor abundamiento en este repertorio de asignaturas pendientes, el Gobierno de Mandela fue incapaz de contener la explosión de una violencia paulatinamente despolitizada y relacionada con la delincuencia común, fenómeno que suele azotar a todas las sociedades recién salidas de una confrontación civil y que en el caso de Sudáfrica se entremezcló con nuevas e inquietantes formas de extremismo. La ola de criminalidad producía, en números redondos, 25.000 asesinatos y 50.000 violaciones al año, en un país de 39 millones de habitantes.
Otro de los grandes débitos achacados al Gobierno de Mandela afectó a la lucha contra el sida, pandemia que en Sudáfrica registraba unas cifras escalofriantes. Pese a activarse un Plan Nacional, un Comité Inter-Departamental (IDC), un Comité Inter-Ministerial (IMC) y un Partenariado sobre el sida y el virus HIV, las políticas públicas para combatir la enfermedad estuvieron muy a la zaga de los avances médicos. La estrategia nacional contra el sida fue ampliamente tachada de incoherente e inefectiva por los trabajadores sanitarios y las ONG.
Al mismo tiempo, el ANC encontró compatible su definición socialista con la preservación del sistema capitalista y la economía de libre mercado, hasta el punto de inaugurar una nada acomplejada campaña de privatizaciones y liquidación de monopolios del Estado.
Gracias a las privatizaciones, numerosos dirigentes y activistas del partido, empezando por Ramaphosa (que empezó a ser denostado por sus antiguos camaradas del COSATU y a recibir acusaciones de "traición" a causa de ello), descubrieron su faceta de avezados hombres de negocios dados a ostentar. Todos ellos se lucraron en el proceso, con las insuperables ventajas que ofrecía ser primero los diseñadores de las reglas del juego y a continuación los adjudicatarios preferentes en los repartos del pastel del Estado.
La Estrategia Macroeconómica de Crecimiento, Empleo y Redistribución, más conocida como el programa GEAR, publicada en junio de 1996, recogía un conjunto de actuaciones ortodoxas (política monetaria antiinflacionista, disciplina fiscal, presupuestos prudentes) que apuntaban a un ajuste estructural de la economía sudafricana.
En cuanto a una reforma agraria de resabio socialista que repartiera tierras productivas a los campesinos a gran escala y acabara con el monopolio blanco a corto o medio plazo, ni siquiera fue contemplada. En los medios izquierdistas no tardaron en escucharse expresiones de decepción y de enfado por el abandono de las metas más ambiciosas de justicia social, y por la emergencia de una nueva élite de privilegiados negros indiferentes a las penurias de sus hermanos de raza.
El oficialismo congresista, sólidamente instalado en el Gobierno y el NEC, a la vez que preservaba y potenciaba el sector privado, apostó por unas políticas públicas vigorosas que hicieran posible la distribución de la renta nacional, la corrección de las abismales diferencias sociales y económicas en función de la raza y, sin proclamarlo abiertamente, para no dar pábulo a acusaciones de elitismo, la creación de una burguesía y una clase media negras liberadas de mentalidad asistencial y dispuestas a luchar por una parcela de riqueza en un contexto competitivo.
El partido reconoció que, si bien la mayoría negra había conquistado el poder político, la sudafricana continuaba siendo una sociedad racialmente dividida, con la función pública, la Policía, las Fuerzas Armadas y la judicatura aún copadas por los blancos. En octubre de 1998 la Asamblea aprobó la Ley de Equidad en los Empleos, que se fundaba en el principio de la affirmative action, o discriminación positiva, en favor de los no blancos, aunque al finalizar la legislatura sus disposiciones seguían sin entrar en vigor.
En conjunto, el ANC impartió unas directrices que tanto podían ser calificadas de socialdemócratas, por el papel central reservado al Estado en la mejora de los estándares de vida de las extensísimas capas de población pobre que nutrían su electorado, como de social-liberales o directamente liberales, al conceder grandes facilidades al capital corporativo e introducir desregulaciones, inclusive en el mercado laboral. En este sentido, Mandela, al igual que Mbeki, se mostró más –por no decir, únicamente- reformista que revolucionario, y más gradualista que expeditivo.
Comparadas con las elevadas expectativas sociales alumbradas en 1994, las actuaciones del Gobierno en este terreno dejaron al final del quinquenio un panorama de claroscuros, predominando seguramente la segunda tonalidad.
Llegada la hora de la partida de Mandela, se trazó un balance agridulce del compromiso con la emancipación socioeconómica de la mayoría negra, pues si bien esta había mejorado un tanto su situación con la extensión de los servicios sociales en los populosos barrios marginales y el surgimiento de una incipiente clase media, los blancos, que constituían menos del 14% de la población, seguían regentando la práctica totalidad del sistema financiero y el mundo de los negocios. En este sentido, las políticas de equidad y redistributivas, cuyo verdadero desarrollo iba a competir a futuras administraciones, apenas hicieron notar sus efectos positivos.
Además, en los dos últimos años de la presidencia de Mandela, la producción económica creció por debajo del ritmo demográfico. La acusada flojera del PIB sudafricano, explicada por la caída del precio del oro y la falta de inversiones foráneas, y que no dejó de ser paradójica, luego de ser levantados todos los embargos y boicots internacionales que pesaban sobre Sudáfrica, unida a las reconversiones y las privatizaciones industriales, agravó el paro, que alcanzó niveles exorbitantes. En 1999, no menos de 35% de la población activa estaba desocupada; la tasa no iba sino a aumentar en los años siguientes.
A mayor abundamiento en este repertorio de asignaturas pendientes, el Gobierno de Mandela fue incapaz de contener la explosión de una violencia paulatinamente despolitizada y relacionada con la delincuencia común, fenómeno que suele azotar a todas las sociedades recién salidas de una confrontación civil y que en el caso de Sudáfrica se entremezcló con nuevas e inquietantes formas de extremismo. La ola de criminalidad producía, en números redondos, 25.000 asesinatos y 50.000 violaciones al año, en un país de 39 millones de habitantes.
Otro de los grandes débitos achacados al Gobierno de Mandela afectó a la lucha contra el sida, pandemia que en Sudáfrica registraba unas cifras escalofriantes. Pese a activarse un Plan Nacional, un Comité Inter-Departamental (IDC), un Comité Inter-Ministerial (IMC) y un Partenariado sobre el sida y el virus HIV, las políticas públicas para combatir la enfermedad estuvieron muy a la zaga de los avances médicos. La estrategia nacional contra el sida fue ampliamente tachada de incoherente e inefectiva por los trabajadores sanitarios y las ONG. 3.2. Modelo económico mixto pobre en resultados
Al mismo tiempo, el ANC encontró compatible su definición socialista con la preservación del sistema capitalista y la economía de libre mercado, hasta el punto de inaugurar una nada acomplejada campaña de privatizaciones y liquidación de monopolios del Estado.
Gracias a las privatizaciones, numerosos dirigentes y activistas del partido, empezando por Ramaphosa (que empezó a ser denostado por sus antiguos camaradas del COSATU y a recibir acusaciones de "traición" a causa de ello), descubrieron su faceta de avezados hombres de negocios dados a ostentar. Todos ellos se lucraron en el proceso, con las insuperables ventajas que ofrecía ser primero los diseñadores de las reglas del juego y a continuación los adjudicatarios preferentes en los repartos del pastel del Estado.
La Estrategia Macroeconómica de Crecimiento, Empleo y Redistribución, más conocida como el programa GEAR, publicada en junio de 1996, recogía un conjunto de actuaciones ortodoxas (política monetaria antiinflacionista, disciplina fiscal, presupuestos prudentes) que apuntaban a un ajuste estructural de la economía sudafricana.
En cuanto a una reforma agraria de resabio socialista que repartiera tierras productivas a los campesinos a gran escala y acabara con el monopolio blanco a corto o medio plazo, ni siquiera fue contemplada. En los medios izquierdistas no tardaron en escucharse expresiones de decepción y de enfado por el abandono de las metas más ambiciosas de justicia social, y por la emergencia de una nueva élite de privilegiados negros indiferentes a las penurias de sus hermanos de raza.
El oficialismo congresista, sólidamente instalado en el Gobierno y el NEC, a la vez que preservaba y potenciaba el sector privado, apostó por unas políticas públicas vigorosas que hicieran posible la distribución de la renta nacional, la corrección de las abismales diferencias sociales y económicas en función de la raza y, sin proclamarlo abiertamente, para no dar pábulo a acusaciones de elitismo, la creación de una burguesía y una clase media negras liberadas de mentalidad asistencial y dispuestas a luchar por una parcela de riqueza en un contexto competitivo.
El partido reconoció que, si bien la mayoría negra había conquistado el poder político, la sudafricana continuaba siendo una sociedad racialmente dividida, con la función pública, la Policía, las Fuerzas Armadas y la judicatura aún copadas por los blancos. En octubre de 1998 la Asamblea aprobó la Ley de Equidad en los Empleos, que se fundaba en el principio de la affirmative action, o discriminación positiva, en favor de los no blancos, aunque al finalizar la legislatura sus disposiciones seguían sin entrar en vigor.
En conjunto, el ANC impartió unas directrices que tanto podían ser calificadas de socialdemócratas, por el papel central reservado al Estado en la mejora de los estándares de vida de las extensísimas capas de población pobre que nutrían su electorado, como de social-liberales o directamente liberales, al conceder grandes facilidades al capital corporativo e introducir desregulaciones, inclusive en el mercado laboral. En este sentido, Mandela, al igual que Mbeki, se mostró más –por no decir, únicamente- reformista que revolucionario, y más gradualista que expeditivo.
Comparadas con las elevadas expectativas sociales alumbradas en 1994, las actuaciones del Gobierno en este terreno dejaron al final del quinquenio un panorama de claroscuros, predominando seguramente la segunda tonalidad.
Llegada la hora de la partida de Mandela, se trazó un balance agridulce del compromiso con la emancipación socioeconómica de la mayoría negra, pues si bien esta había mejorado un tanto su situación con la extensión de los servicios sociales en los populosos barrios marginales y el surgimiento de una incipiente clase media, los blancos, que constituían menos del 14% de la población, seguían regentando la práctica totalidad del sistema financiero y el mundo de los negocios. En este sentido, las políticas de equidad y redistributivas, cuyo verdadero desarrollo iba a competir a futuras administraciones, apenas hicieron notar sus efectos positivos.
Además, en los dos últimos años de la presidencia de Mandela, la producción económica creció por debajo del ritmo demográfico. La acusada flojera del PIB sudafricano, explicada por la caída del precio del oro y la falta de inversiones foráneas, y que no dejó de ser paradójica, luego de ser levantados todos los embargos y boicots internacionales que pesaban sobre Sudáfrica, unida a las reconversiones y las privatizaciones industriales, agravó el paro, que alcanzó niveles exorbitantes. En 1999, no menos de 35% de la población activa estaba desocupada; la tasa no iba sino a aumentar en los años siguientes.
A mayor abundamiento en este repertorio de asignaturas pendientes, el Gobierno de Mandela fue incapaz de contener la explosión de una violencia paulatinamente despolitizada y relacionada con la delincuencia común, fenómeno que suele azotar a todas las sociedades recién salidas de una confrontación civil y que en el caso de Sudáfrica se entremezcló con nuevas e inquietantes formas de extremismo. La ola de criminalidad producía, en números redondos, 25.000 asesinatos y 50.000 violaciones al año, en un país de 39 millones de habitantes.
Otro de los grandes débitos achacados al Gobierno de Mandela afectó a la lucha contra el sida, pandemia que en Sudáfrica registraba unas cifras escalofriantes. Pese a activarse un Plan Nacional, un Comité Inter-Departamental (IDC), un Comité Inter-Ministerial (IMC) y un Partenariado sobre el sida y el virus HIV, las políticas públicas para combatir la enfermedad estuvieron muy a la zaga de los avances médicos. La estrategia nacional contra el sida fue ampliamente tachada de incoherente e inefectiva por los trabajadores sanitarios y las ONG.
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